La Justicia se rebela contra las injerencias del Gobierno
Jueces, fiscales y secretarios judiciales se plantan contra las intromisiones del Ejecutivo en el Caso Mari Luz | El martes los juzgados pararán su actividad al menos durante tres horas | Acusan al gobierno de violar la separación de poderes y no asumir sus responsabilidades en materia de Justicia
- Josefa Paredes
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En enero de 2008, un pederasta condenado en los tribunales pero que andaba suelto mató (presuntamente) a una niña de cinco años llamada Mari Luz Cortés. La cadena de errores y retrasos judiciales que permitieron a ese hombre estar en la calle era larga, y había muchas personas e instituciones implicadas. Pero el crimen era demasiado atroz como para asumir (y explicar) que esa niña podía ser también la víctima de un sistema judicial saturado y sin recursos. Y la familia quería saber quién no había hecho su trabajo.
Diez meses después, la Justicia y el Gobierno están en guerra. Desde que el Consejo General del Poder Judicial empezó a investigar la responsabilidad de Rafael Tirado (el juez que condenó pero no encarceló en su día al presunto asesino), el Ejecutivo no ha dejado de presionarle para que expulse al magistrado de la carrera.
Antes de que el CGPJ acabase siquiera de estudiar lo que había ocurrido, la vicepresidenta del Gobierno dictó su sentencia y sugirió a los jueces que la sociedad "no entendería" que se impusiese a Tirado una simple sanción económica. Querían un castigo "ejemplarizante", admitió el portavoz de los socialistas en la comisión de Justicia del Congreso. El ministro, Mariano Fernández Bermejo, llegó a decir que sancionarle por una falta muy grave "defiende mejor los intereses generales". Y antes de que finalmente el Consejo multase al magistrado con 1.500 euros, el Gobierno anunció que recurriría la decisión. En medio de este ambiente, decenas de personas acabaron manifestándose en las puertas de los juzgados de Sevilla gritando: ¡Juez Tirado, asesino de Mari Luz".
Los jueces no aguantan más intromisiones. Los presidentes de las Audiencias Provinciales han rechazado directamente las "injerencias" del Gobierno en la labor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en este caso. Las manifestaciones de los responsables políticos respecto al juez Tirado "exceden la crítica razonable, anticipando responsabilidades profesionales que corresponde decidir de forma exclusiva al CGPJ", dicen los magistrados.
"Los jueces no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva"
Los presidentes de las Audiencias dicen que los jueces sienten, de forma generalizada, que están recibiendo un "trato injusto" de varios dirigentes políticos que, además, conocen "perfectamente" las carencias con las que se desarrolla su labor. Y les recuerdan, especialmente, "la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión pública" en materia de Justicia.
Por eso piden al Gobierno que asuma sus responsabilidades. "Los jueces, víctimas también del sistema, no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva", denuncian.
Las asociaciones de jueces también se han pronunciado en varias ocasiones. La última esta semana. "Reiteramos nuestro más firme rechazo a las injerencias reiteradas que desde el Poder Ejecutivo se vienen realizando sobre el gobierno del Poder Judicial, tratando así de condicionar su actuación en el ámbito disciplinario", dicen los progresistas Jueces para la Democracia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (de orientación conservadora) aún es más contundente: "Tales comportamientos resultan inaceptables en un Estado de Derecho ycontravienen los principios de separación de poderes e independencia judicial, básicos y absolutamente irrenunciables en una democracia".
No sólo los jueces están hartos. La Asociación de Fiscales (AF) también ha criticado las injerencias políticas en las competencias del CGPJ y se han solidarizado con Juana Gálvez, la secretaria del juzgado de Rafael Tirado, suspendida de empleo y sueldo durante dos años.
Los compañeros de Gálvez también están indignados. El Colegio Nacional de Secretarios Judicialesy la Unión Progresista de Secretarios Judiciales consideran un "auténtico escándalo" la sanción que el Ministerio de Justicia ha impuesto a su compañera del juzgado de Sevilla y acusan a Bermejo de utilizarles como "chivo expiatorio".
Entre las protestas de todas las instancias judiciales el CGPJ, máximo órgano de Gobierno de los jueces, reiteró este miércoles su compromiso de "defender la independencia del poder judicial" y garantizó que "resolverá siempre con absoluta independencia", ajeno "a todo tipo de manifestaciones, cualquiera que sea su procedencia, que en modo alguno influirán en las decisiones que adopte".
La Justicia se planta
Las protestas hasta ahora eran de palabra, peroel próximo martes pararán los juzgados. Los secretarios judiciales han convocado para el día 21 un paro de tres horas contra el durísimo castigo que Mariano Fernández Bermejo ha impuesto a la secretaria de Tirado, una sanción cuatro veces superior a la que pedía el instructor del expediente.
Durante tres horas no podrán celebrarse juicios, ni declaraciones, ni cualquier otra diligencia que requiera la presencia del secretario judicial. Coincidiendo con el paro, se celebrarán Juntas de Jueces en prácticamente todos los partidos judiciales de España, una decisión que adoptaron los decanos la semana pasada en Cádiz.
Los presidentes de las Audiencias y la Asociación de Fiscales han apoyado estas iniciativas. El caso de Mari Luz, dicen los fiscales, "sólo puede ser interpretado como una muestra de las fisuras del actual sistema judicial, y como tal, como un fracaso colectivo", que requiere de una fuerte inversión en medios personales y materiales que reivindican absolutamente todas las instancias judiciales. No pueden exigirse "responsabilidades del siglo XXI con medios y procedimientos del siglo XIX", apostillan.
¿Es o no es una huelga?
Jueces para la Democracia ha negado tajantemente que la convocatoria simultánea de juntas en toda España sea una huelga encubierta. Es lógico si se tiene en cuenta que el terreno es movedizo.Comunmente se acepta que los jueces no tienen derecho a la huelga y aunque la Constitución no se lo deniega expresamente, el reglamento de la carrera tampoco lo reconoce de forma explícita.
Por si acaso, el CGPJ ha convocado un día antes a los representantes de las diversas asociaciones de jueces y a una delegación de Decanos de toda España. Aunque el motivo expreso de esas reuniones es un vago "analizar los problemas que afectan a la Justicia", el presidente del CGPJ,Carlos Dívar, ya hizo ayer un llamamiento a su "sentido de la responsabilidad" y les ha recordado que las Juntas de Jueces "deberán celebrarse sin afectar al servicio público de la Administración de Justicia".