La Administración no contesta, ni ganas

Un estudio demuestra que los organismos públicos ocultan información basándose en excusas fuera de la legalidad | España es uno de los pocos países que no dispone de Ley de Acceso a la Información | Consulta aquí el informe completo (en PDF)

• Diego Casado
• ,

 

 

Obtener una información de un organismo público es un auténtico "camino de obstáculos" para cualquier ciudadano. Excusas paternalistas, negativas o, directamente, silencio administrativo.

Es lo que sufren los ciudadanos cada vez que acuden a solicitar algún dato. Lo ha constatado el informe Cuando lo público no es público (aquí, en PDF), elaborado por la organización de derechos humanos Access Info Europe, que denuncia que el derecho del ciudadano a conocer lo que hace la Administración con el dinero de todos no está regulado adecuadamente por una ley.

Access Info recoge los intentos de varios ciudadanos de obtener información en organismos públicos con diferentes resultados: uno de ellos reclamaba saber a qué destina la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el dinero que cada año recibe por el canon digital. El Ministerio de Cultura, a quien se hizo la pregunta, respondió al ciudadano que la memoria que cada año envía la SGAE "no forma parte de un expediente administrativo", por lo que no podía ser facilitado.

España es uno de los pocos países de la UE que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información (tampoco disponen de ella Grecia, Luxemburgo y Chipre). Para recibir una información, esta debe formar parte de un expediente administrativo que esté concluido, según reza la Ley de Procedimiento Administrativo de 1992.

La Administración se escuda en esta trampa legal para no responder a muchas solicitudes de los ciudadanos, puesto que, según el informe, no existe una normativa que indique qué documentos han de estar englobados en dichos expedientes y cuáles no.

Este no era el caso de la solicitud hecha al Ministerio de Justicia, a quien se le preguntó por el precio de los inmuebles que tenía alquilados en Madrid. La excusa que usó para no comunicarlo fue que el expediente solicitado todavía estaba en curso. La ley permite obtener al ciudadano esta información sólo cuando dicho expediente haya concluido. De esta forma, por ejemplo, nadie podrá saber cuánto paga el Ministerio por el piso en el que vive Mariano Fernández-Bermejo hasta que concluya el contrato de arrendamiento de la vivienda.

Caso omiso a la ley

En otros casos, las administraciones no tienen en cuenta la legislación, o incluso ni siquiera contestan a las cuestiones. El Ministerio de Defensa recibió cuatro preguntas de Access Info. A todas respondió explicando que los datos requeridos no se facilitaban a los ciudadanos, sin explicar el motivo ni si tan siquiera estaban bajo el secreto oficial.

"Es desaconsejable facilitar la información a particulares". Con esta respuesta tan paternalista contestaba el Ministerio del Interior la petición de saber el número de personas expulsadas de España hasta febrero de 2008. El criterio de que un dato no se difunda por ser "desaconsejable" no está recogido en ninguna ley.

El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, optó por el silencio administrativo cuando otro ciudadano le preguntó por el coste de la felicitación al Rey que hizo el consistorio el pasado mes de diciembre en el diario El País. Incluso llegó a devolver sin abrir la carta con un recurso de alzada en la que se reclamaba la respuesta.

Ante estos y otros casos recogidos por Access Info, la organización reclama que toda la información de cualquier administración pública sea accesible a todos los ciudadanos. Además, pide que estos no tengan que explicar el motivo de su petición, y que el procedimiento sea claro, sencillo y rápido. Las quejas que recoge el informe tardaron una media de 38 días en ser contestadas, sin contar el 35% que ni siquiera recibieron respuesta.

Cinco respuestas a cinco peticiones

Estas son cinco de las preguntas recogidas en el informe, con sus correspondientes contestaciones:

¿A qué destina la SGAE el dinero que recibe cada año del canon digital?

El Ministerio de Cultura se niega a dar las memorias del año 2006 de la SGAE y VEGAP, entidad de gestión de los artistas visuales, porque "no forman parte de un expediente administrativo", pero no aclara si éstas se encuentran en su poder o no.

¿Cuál es el número de denuncias presentadas por miembros de las Fuerzas Armadas por razones de discriminación por género?

La respuesta del Ministerio de Defensa fue que la información "no constituye materia propia de la información administrativa" que se facilita a los ciudadanos. Es decir, que el ministerio tiene los datos, pero no está previsto que se pueda entregar. En su respuesta no explican los motivos.

¿Cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero de 2007 hasta el 1 de Febrero de 2008?"

El Ministerio del Interior se negó a facilitar la información utilizando el argumento de que es "desaconsejable" facilitar esa información a particulares. El ciudadano contestó que los mismos datos, pero de años anteriores, se ofrecen en la web del ministerio. Tras un recurso administrativo, el organismo dirigido por Rubalcaba contestó entonces con varios enlaces al Anuario Estadístico donde se podían encontrar estos datos, pero los links no funcionaban.

¿Cuál es el número de magistrados a los que se les abrió expediente disciplinario en el año 2007?

El CGPJ exige al solicitante que acredite si es legítimo para pedir esta información y para qué la quiere. Tras enviar carta en la que se explicaba al CGPJ que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce el  derecho fundamental a recibir información, el CGPJ dio la cifra: 41.

¿Cuánto costó al Ayuntamiento de Madrid de la felicitación de esta entidad al Rey por su setenta cumpleaños en el periódico El País en el mes de Diciembre de 2007?

El Ayuntamiento no contestó. Se interpuso recurso de alzada y se envió certificado y con acuse de recibo a la dirección que aparece en su sitio web como la dirección oficial de la Alcaldía de Madrid. A los pocos días el solicitante recibió el acuse de recibo devuelto y el sobre enviado con su recurso de alzada sin abrir.