La Fiscalía pide la excarcelación de Ricardi tras obtener una prueba que lo exculpa
El portuense lleva 13 años en prisión y recibió la noticia en su celda del centro de Topas donde será puesto en libertad condicional hasta la anulación de la condena
SILVIA TUBIO
La incógnita se resolvió definitivamente: Rafael Ricardi Robles no cometió la violación por la que fue condenado en 1996 por la Audiencia Provincial. La última prueba solicitada por la Fiscalía al Instituto Nacional de Toxicología ha dado un resultado que lo saca literalmente del caso. Ayer lo hizo público la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, quien no sólo confirmó este dato revelador y el inicio de los trámites para excarcelar al portuense, sino que también dejó en evidencia errores garrafales de los investigadores policiales y cómo, sin ésa última analítica, no habría sido posible probar la inocencia del preso.
Como viene informando LA VOZ, el Ministerio Público estaba a la espera de unos resultados biológicos, en un último intento desesperado por aclarar la participación de Ricardi. Esta petición elevada al Instituto Nacional de Toxicología se realizó porque los datos aportados por los agentes y que fueron presentados en una rueda de prensa en el mes de abril, no descartaban al preso. Así lo ratificó ayer Ayuso y también lo indicó en su día el juez instructor del nº 3 de El Puerto, que en un auto, cuyo contenido lo publicó este medio semanas atrás, ordenaba la práctica de más diligencias porque las conclusiones policiales no tenía entidad probatoria suficiente.
Entre esas diligencias estaba la revisión de un «material de deshecho» que no fue analizado en su día porque no se tenían los medios técnicos necesarios. La fiscal jefe explicó que se rescató de los archivos del Instituto «unos pequeños trozos» que provenían de la ropa interior que vestía la joven que fue asaltada en Valle Alto. Los restos que quedaban en estos tejidos eran tan minúsculos que no se ha podido extraer hasta ahora, gracias a unos «novedosos métodos» que han permitido extraer dos perfiles genéticos que corresponden a dos hombres: uno es el de Fernando P. G., como ya se sabía desde que su ADN fue detectado en otra prueba textil, y la de un segundo individuo, que aún se desconoce su identidad, pero que no se trata de Rafael Ricardi. Así, la Fiscalía tiene ya la prueba que implica a dos hombres diferentes al portuense.
En Topas
Este resultado fue elevado a la Fiscalía General del Estado, que ya ha solicitado, a instancia del Ministerio Público gaditano, la libertad condicional del portuense como medida cautelar hasta que el Supremo anule la sentencia condenatoria. Esta noticia la recibió Ricardi en la prisión de Topas (Salamanca) donde ha sido devuelto tras su breve estancia en Puerto III, y donde ha pasado la mayor parte de los 13 años que ha estado en presidio. La Asociación Pro Derechos Humanos, que se hizo cargo de su defensa, estudia posibles reclamaciones.
La fiscal jefe aprovechó la primera ocasión que se posiciona sobre el caso Ricardi para hacer un repaso al «arduo trabajo» que su departamento ha llevado a cabo desde que la Policía cuestionara la culpabilidad del portuense, y de esa forma negar las manifestaciones públicas que se han hecho en contra de una posible inoperancia por su parte. 10 ruedas de reconocimiento, 13 declaraciones de testigos, varias de imputados, al menos seis tomas complementarias de ADN o la localización de fichas policiales históricas de los implicados. «Esto no ha sido un éxito policial sino del legislador que ha aprobado una base de datos de ADN».
Ayuso declaró abiertamente que sin esos últimos resultados, Ricardi habría cumplido su condena, dejando entrever que la Policía se precipitó en unas conclusiones que no servían para revocar el fallo judicial y erró en hacerlas públicas sin tener el caso bien atado.
Como viene informando LA VOZ, el Ministerio Público estaba a la espera de unos resultados biológicos, en un último intento desesperado por aclarar la participación de Ricardi. Esta petición elevada al Instituto Nacional de Toxicología se realizó porque los datos aportados por los agentes y que fueron presentados en una rueda de prensa en el mes de abril, no descartaban al preso. Así lo ratificó ayer Ayuso y también lo indicó en su día el juez instructor del nº 3 de El Puerto, que en un auto, cuyo contenido lo publicó este medio semanas atrás, ordenaba la práctica de más diligencias porque las conclusiones policiales no tenía entidad probatoria suficiente.
Entre esas diligencias estaba la revisión de un «material de deshecho» que no fue analizado en su día porque no se tenían los medios técnicos necesarios. La fiscal jefe explicó que se rescató de los archivos del Instituto «unos pequeños trozos» que provenían de la ropa interior que vestía la joven que fue asaltada en Valle Alto. Los restos que quedaban en estos tejidos eran tan minúsculos que no se ha podido extraer hasta ahora, gracias a unos «novedosos métodos» que han permitido extraer dos perfiles genéticos que corresponden a dos hombres: uno es el de Fernando P. G., como ya se sabía desde que su ADN fue detectado en otra prueba textil, y la de un segundo individuo, que aún se desconoce su identidad, pero que no se trata de Rafael Ricardi. Así, la Fiscalía tiene ya la prueba que implica a dos hombres diferentes al portuense.
En Topas
Este resultado fue elevado a la Fiscalía General del Estado, que ya ha solicitado, a instancia del Ministerio Público gaditano, la libertad condicional del portuense como medida cautelar hasta que el Supremo anule la sentencia condenatoria. Esta noticia la recibió Ricardi en la prisión de Topas (Salamanca) donde ha sido devuelto tras su breve estancia en Puerto III, y donde ha pasado la mayor parte de los 13 años que ha estado en presidio. La Asociación Pro Derechos Humanos, que se hizo cargo de su defensa, estudia posibles reclamaciones.
La fiscal jefe aprovechó la primera ocasión que se posiciona sobre el caso Ricardi para hacer un repaso al «arduo trabajo» que su departamento ha llevado a cabo desde que la Policía cuestionara la culpabilidad del portuense, y de esa forma negar las manifestaciones públicas que se han hecho en contra de una posible inoperancia por su parte. 10 ruedas de reconocimiento, 13 declaraciones de testigos, varias de imputados, al menos seis tomas complementarias de ADN o la localización de fichas policiales históricas de los implicados. «Esto no ha sido un éxito policial sino del legislador que ha aprobado una base de datos de ADN».
Ayuso declaró abiertamente que sin esos últimos resultados, Ricardi habría cumplido su condena, dejando entrever que la Policía se precipitó en unas conclusiones que no servían para revocar el fallo judicial y erró en hacerlas públicas sin tener el caso bien atado.