Tiran a la basura del juzgado los datos de víctimas y agresores de malos tratos
El hallazgo de expedientes sobre denuncias de malos tratos en unos contenedores de basura cercanos a las sedes judiciales de la calle de Manuel Tovar —denunciado por Telecinco— ha provocado la apertura de varios procesos de «investigación inmediata». Ya están en ello el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como un juzgado de Instrucción de la plaza de Castilla.
El objetivo de las investigaciones es aclarar cuanto antes cómo han llegado los expedientes a la basura y de quién —o quienes— es la responsabilidad de este suceso. Se trata de documentos que contienen datos muy personales que gozan de «máxima protección» en la legislación vigente sobre protección de datos. En los documentos aparecidos en los cubos de basura hay nombres de las víctimas de malos tratos y de sus supuestos agresores, fotocopias de DNI, informes médicos y psicológicos así como solicitudes de órdenes de alejamiento donde se especifica el domicilio de las denunciantes.
Expertos en esta materia han señalado a ABC: «Hay que ser muy rigurosos. De lo contrario, estamos perdidos. No se puede tirar a la basura, a la calle, este tipo de documentos porque es un delito y así está tipificado».
Investigar a fondo
El CGPJ —máximo órgano de gobierno de los jueces—, decidió ayer abrir una investigación a fondo tras recibir un escrito de denuncia por parte de la Consejería de Justicia de Madrid a través de su Dirección General de Justicia. Fuentes de la consejería apuntan que, cuando se conozcan los detalles de la investigación, no se descarta denunciar los hechos ante la Fiscalía.
De este suceso se tuvo conocimiento a través de un reportaje emitido la noche del martes en Telecinco en el que se daba cuenta de los expedientes abandonados en los contenedores de basura, cerca de un edificio de juzgados en la calle Manuel Tovar, entre los que están los de Violencia de Género.
Ayer, fuentes de la Comunidad de Madrid negaban, como se dijo en algún momento, que en dichos juzgados no se dispusiera de máquinas para destruir documentos. «Sí los hay, al igual que en todos los edificios y servicios oficiales. Lo que ocurre es que no hay una máquina por juzgado, pero sí por sala. Todo es cuestión de andar unos metros más». Según las mismas fuentes, la Comunidad de Madrid tiene, en efecto, transferidas las competencias en esta materia, pero entre ellas no está la de custodiar los documentos de los juzgados, tarea que corresponde a los secretarios judiciales. Al parecer, y según el mismo reportaje, hechos como este ocurridos en los contenedores de basura próximos a los juzgados de Violencia Doméstica podrían haber sucedido en Barcelona, Sevilla, Valencia y La Coruña.
El director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad, Antonio Troncoso, manifestó ayer a Ep que «a nuestro juicio, el responsable de los ficheros en el ejercicio de la potestad jurisdiccional sería el juez o, en su caso, del CGPJ, pudiendo ser el secretario general el responsable de seguridad funcional». Considera Troncoso que, a la vista de la legislación sobre el Poder Judicial, que «le corresponde al CGPJ el desarrollo normativo de la protección de datos en el ámbito judicial. El Reglamento del CGPJ, de 1995, atribuye la responsabilidad del denominado «fichero de la potestad jurisdiccional» al secretario judicial, que es el encargado de la custodia de la documentación, si bien sus decisiones son revisables por el juez, las salas de gobierno y por el propio Consejo General del Poder Judicial.