Víctimas de las leyes de igualdad
Ningún abogado da garantías de salir ileso de denuncias por amenazas o malos tratos, aun siendo falsas, y se juzga muy a la ligera", asegura Francisco Guerrero, que está viviendo una situación de desamparo legal
elpueblodeceuta.es / 13.01.2008
CEUTA.- ALICIA URBANO
Los finales no son siempre como en los cuentos de hadas. En la actualidad, divorciarte de mutuo acuerdo y obtener la custodia compartida de los hijos es lo mejor que le puede pasar a un matrimonio desgastado por la convivencia. Sin embargo, esta situación dista mucho del caso particular de Francisco Guerrero (nombre ficticio), casado desde 1976 y en trámites de divorcio.
La incomunicación con sus dos hijas, de 21 y 26 años de edad, y el escaso entendimiento entre ambos han provocado la peor de las situaciones en este hogar. "Hay un gran malestar porque yo soy serio, muy machacante y me preocupo demasiado por ellas, por eso soy el que sobro en casa", asegura Guerrero.
Según describe la situación, su familia política aconseja en su contra a sus hijas y la situación se agrava hasta el punto de que la mayor obtiene un certificado psiquiátrico en el que el médico constata el malestar psicológico que Francisco le está causando. Considerando las consecuencias, su mujer le pidió que se marchara de casa "para no tener una desgracia", puesto que la hija amenaza con tirarse por una ventana, y este le solicita el divorcio.
Lo que en un principio se intuía como un proceso de mutuo acuerdo, se torna enrevesado por la repartición de dos viviendas, llegando a un acuerdo al que se interponen sus dos hijas. En todo el proceso, las agresiones indirectas a Francisco se suceden y, finalmente, su mujer -aconsejada por las hijas- tramita una denuncia por amenazas y obtiene una orden de alejamiento.
El pasado día 17 debía haberse celebrado la vista del juicio, sin embargo ambas partes intentaron obtener una sentencia por conformidad. El Fiscal pedía una pena de 3 años de cárcel, a la que Francisco, el acusado, se negó a aceptar. Posteriormente, la solicitud se rebajó a 9 meses de condena que él volvió a rechazar. "No son ciertas las amenazas, no puedo aceptar una condena por algo que yo no he hecho", asevera Guerrero, a la vez que se enerva al pensar que "mis hijas son las que tienen amenazadas a su madre".
Finalmente, el juicio se celebrará el próximo día 1 de febrero y el acusado intenta recopilar pruebas que acrediten su inocencia ante una denuncia de "cargos falsos". En caso de que el Juez de la sala determine la culpabilidad de Francisco, este deberá cumplir una condena de 9 meses por cada una de las tres denuncias presentadas, por el mismo motivo.
Ahora, Francisco se siente desamparado por la ley. "No existe ninguna protección para los hombres y ningún abogado da garantías de salir ileso de denuncias por malos tratos o amenazas, aun siendo falsas, y se juzga muy a la ligera", comenta y concluye diciendo que "no se puede generalizar y meter a todos los hombres en el mismo saco".
Desamparados por la ley
El artículo 14 de la Constitución Española reza: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sin embargo, a diario encontramos leyes y servicios públicos que no cumplen con este precepto.
Sin ir más lejos, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece únicamente a la mujer como víctima de malos tratos y efectuando una discriminación positiva al penalizar el maltrato doméstico sólo cuando el agresor es un hombre y la víctima, una mujer. Así, en la exposición de motivos de la ley se recoge que "se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión". Pero, ¿y cuando la víctima de la violencia en el hogar es un hombre que ley se aplica?
El presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados en Ceuta, Carlos Coronado, ha recibido multitud de e-mails denunciando la desatención recibida en el teléfono de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género (016). "Una vez que les toman todos los datos, al comprobar que la persona agredida o amenazada es un hombre les dicen que este servicio sólo atiende a víctimas mujeres", asegura. Pero, ¿y cuando la víctima es un hombre a dónde debe acudir a pedir ayuda? ¿Dónde están los centros de acogida para hombres maltratados? ¿Existen pisos de acogida para hombres obligados a abandonar el domicilio conyugal por sentencia judicial de separación?
En el caso de que un matrimonio se divorcie, el domicilio conyugal aún esté hipotecado y este se le conceda a la mujer para su uso y disfrute por una orden judicial, el hombre tiene la obligación de seguir pagando la hipoteca hasta saldar su deuda con el banco. Si su solvencia económica no le permite seguir haciéndose cargo del pago, la deuda se incrementará año tras año hasta que finalmente abone el importe íntegro, puesto que el banco no podrá embargar la vivienda al existir una sentencia que se la otorga a la mujer.
La lucha por la consecución de la custodia de los hijos es otro de los ámbitos en los que parece que no se avanza, dado que en el 97 por ciento de los casos se le otorga a la madre.
Por lo tanto, la tan ansiada igualdad de sexos existirá en el momento en el que no se perjudique a unos en beneficio de otros.
La incomunicación con sus dos hijas, de 21 y 26 años de edad, y el escaso entendimiento entre ambos han provocado la peor de las situaciones en este hogar. "Hay un gran malestar porque yo soy serio, muy machacante y me preocupo demasiado por ellas, por eso soy el que sobro en casa", asegura Guerrero.
Según describe la situación, su familia política aconseja en su contra a sus hijas y la situación se agrava hasta el punto de que la mayor obtiene un certificado psiquiátrico en el que el médico constata el malestar psicológico que Francisco le está causando. Considerando las consecuencias, su mujer le pidió que se marchara de casa "para no tener una desgracia", puesto que la hija amenaza con tirarse por una ventana, y este le solicita el divorcio.
Lo que en un principio se intuía como un proceso de mutuo acuerdo, se torna enrevesado por la repartición de dos viviendas, llegando a un acuerdo al que se interponen sus dos hijas. En todo el proceso, las agresiones indirectas a Francisco se suceden y, finalmente, su mujer -aconsejada por las hijas- tramita una denuncia por amenazas y obtiene una orden de alejamiento.
El pasado día 17 debía haberse celebrado la vista del juicio, sin embargo ambas partes intentaron obtener una sentencia por conformidad. El Fiscal pedía una pena de 3 años de cárcel, a la que Francisco, el acusado, se negó a aceptar. Posteriormente, la solicitud se rebajó a 9 meses de condena que él volvió a rechazar. "No son ciertas las amenazas, no puedo aceptar una condena por algo que yo no he hecho", asevera Guerrero, a la vez que se enerva al pensar que "mis hijas son las que tienen amenazadas a su madre".
Finalmente, el juicio se celebrará el próximo día 1 de febrero y el acusado intenta recopilar pruebas que acrediten su inocencia ante una denuncia de "cargos falsos". En caso de que el Juez de la sala determine la culpabilidad de Francisco, este deberá cumplir una condena de 9 meses por cada una de las tres denuncias presentadas, por el mismo motivo.
Ahora, Francisco se siente desamparado por la ley. "No existe ninguna protección para los hombres y ningún abogado da garantías de salir ileso de denuncias por malos tratos o amenazas, aun siendo falsas, y se juzga muy a la ligera", comenta y concluye diciendo que "no se puede generalizar y meter a todos los hombres en el mismo saco".
Desamparados por la ley
El artículo 14 de la Constitución Española reza: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sin embargo, a diario encontramos leyes y servicios públicos que no cumplen con este precepto.
Sin ir más lejos, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece únicamente a la mujer como víctima de malos tratos y efectuando una discriminación positiva al penalizar el maltrato doméstico sólo cuando el agresor es un hombre y la víctima, una mujer. Así, en la exposición de motivos de la ley se recoge que "se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión". Pero, ¿y cuando la víctima de la violencia en el hogar es un hombre que ley se aplica?
El presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados en Ceuta, Carlos Coronado, ha recibido multitud de e-mails denunciando la desatención recibida en el teléfono de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género (016). "Una vez que les toman todos los datos, al comprobar que la persona agredida o amenazada es un hombre les dicen que este servicio sólo atiende a víctimas mujeres", asegura. Pero, ¿y cuando la víctima es un hombre a dónde debe acudir a pedir ayuda? ¿Dónde están los centros de acogida para hombres maltratados? ¿Existen pisos de acogida para hombres obligados a abandonar el domicilio conyugal por sentencia judicial de separación?
En el caso de que un matrimonio se divorcie, el domicilio conyugal aún esté hipotecado y este se le conceda a la mujer para su uso y disfrute por una orden judicial, el hombre tiene la obligación de seguir pagando la hipoteca hasta saldar su deuda con el banco. Si su solvencia económica no le permite seguir haciéndose cargo del pago, la deuda se incrementará año tras año hasta que finalmente abone el importe íntegro, puesto que el banco no podrá embargar la vivienda al existir una sentencia que se la otorga a la mujer.
La lucha por la consecución de la custodia de los hijos es otro de los ámbitos en los que parece que no se avanza, dado que en el 97 por ciento de los casos se le otorga a la madre.
Por lo tanto, la tan ansiada igualdad de sexos existirá en el momento en el que no se perjudique a unos en beneficio de otros.
Esperamos que un día las leyes sean para las personas y no para hombres o mujeres"
La Asociación de Padres de Familia Separados es una entidad que se creó en España para defender los derechos del hombre separado y divorciado. Su presidente en Ceuta, Carlos Coronado, asegura que "existe una discriminación real hacia los hombres", ya que "sólo porque la mujer tramite una denuncia ya te hacen pasar la noche en el calabozo y te tratan como a un delincuente". Según ha comentado Coronado, en la actualidad se ha planteado la creación de un protocolo para que los médicos de cabecera denuncien los malos tratos recibidos por las pacientes, aún sin que estas los reconozcan. "Lo primero que se piensan de cualquier lesión es que son malos tratos", dijo a la vez que deseó que "algún día las leyes sean para las personas y no para hombres