El debate del aborto: Otra oportunidad perdida.

Curiosamente en España sólo las asociaciones de padres y madres separados se han planteado la necesidad de una ley de protección integral de la familia...

 

Desde la llegada al poder del Partido Socialista el debate público sobre parentalidad se ha caracterizado por propuestas aisladas realizadas desde el feminismo radical que son contestadas por tan solo por la Iglesia desde el dogma. ¿Para cuándo un debate basado en la necesidad de que la familia funcione de verdad como instrumento transmisor de valores y experiencias a nuestros hijos?

Los problemas no empezaron ahí, pero la situación dio un giro perverso con la reforma del Código Civil de 2005. La reforma promovida por el PSOE introdujo el divorcio exprés, el matrimonio entre homosexuales y rechazó la custodia compartida. El proyecto inicial del PSOE pretendía  flexibilizar el rígido y absurdo procedimiento de divorcio e introducir con carácter general la custodia compartida de los menores después de la separación de sus padres. No obstante esta última medida fue boicoteada por los sectores feministas radicales afines al PSOE, dejando la regulación de la custodia de menores y las medidas económicas coetáneas tal y como estaban. La reforma omitió toda referencia a las uniones de hecho (regulación necesaria y conveniente tanto para gays y lesbianas como para heterosexuales) y legalizó el matrimonio homosexual. Esta legalización, a medio plazo ineludible, ha tenido en la práctica efectos anecdóticos, pero permitió en su día al Gobierno desencadenar la ira eclesial y aparecer a la vez y gracias a ello, como máximo defensor de las libertades individuales.

  La reforma significaba en realidad una opción política clara a favor de la proliferación de familias monoparentales compuestas por una mujer y sus hijos. La conflictividad familiar ha ido in crescendo desde entonces y los divorcios contenciosos con hijos se han multiplicado; no es extraño, los divorcios ahora tan fáciles tienen además premio: el ganador del divorcio, habitualmente ganadora, se queda con los niños, la casa y las pensiones. El padre pierde su condición de educador y se convierte en visitador (por unas horas a la semana) y  en pagador de pensiones. Pero son los niños, aquellos a los que se ha de dar ejemplo de convivencia y de valores solidarios, las primeras víctimas de la contienda. 

No hay que olvidar la otra gran iniciativa del PSOE con incidencia en la política familiar, la ley integral de violencia de género. En sus cuatro años de vigencia, la ley ha demostrado su ineficacia a la hora de reducir los asesinatos de mujeres, pero a la vez  ha generado un aluvión de denuncias por maltrato (unas 400 diarias). En la ley se tipifica como delito las amenazas o coacciones leves a la mujer (es decir expresiones como "te vas a enterar" o "ya verás") o causar "cualquier menoscabo psicológico". La conclusión lógica de ello es que el aparato represor del estado y el derecho penal  han entrado en tromba en el ámbito de los conflictos familiares fomentando por doquier el caos y el abuso. 

No se nos pase por alto la extraña iniciativa del Gobierno consistente en derogar el artículo del Código Civil que facultaba a los padres a corregir moderadamente a sus hijos. Parece el Gobierno empeñado en eliminar toda autoridad y responsabilidad de los padres respecto a sus hijos, con las consecuencias que todos conocemos. 

Y ahora finalmente los sectores feministas radicales,  acomodados ya en el Ministerio de Igualdad, nos vienen con una reforma de la ley del aborto destinada a sacar de nuevo a las sotanas a la calle y a demostrar así lo muy igualitarios que son.  No falla: la reacción, como en el caso de la reforma del 2005, vuelve a llegar desde sectores de la Iglesia católica, con argumentos fácilmente rebatibles en tanto que para la Iglesia lo mismo es pecado abortar que usar preservativos. Más allá silencio. No entremos en el rifirrafe entre la feminista y la sotana no sea que perdamos votos. 

Nunca ha existido en España un debate serio sobre el modelo de familia basado en la reflexión no ideológica y en la necesidad evidente de que existan familias capaces de transmitir valores y experiencias a sus hijos. Este debate público es central en países como Estados Unidos. Curiosamente en España sólo las asociaciones de padres y madres separados se han planteado la necesidad de una ley de protección integral de la familia que introduzca por primera vez los principios constitucionales en el ámbito familiar y garantice la funcionalidad de la institución. Una ley de protección de la familia debería ser compatible con la máxima libertad y autonomía personal: la ley de plazos no asegura per se la libertad de la mujer ya que no garantiza que muchas mujeres que en el fondo no abortarían, se vean obligadas a abortar por motivos económicos. Debería ser una  ley que introduzca, por primera vez desde la promulgación de la Constitución el principio de igualdad y la corresponsabilidad parental de hombres y mujeres, dentro, fuera, antes y después del matrimonio. Una ley que deseche la solución penal generalizada para el conflicto familiar y que privilegie la mediación sin vencedores ni vencidos. Una ley que garantice sobre todo y ante todo la protección del menor sin menoscabo de la autoridad parental y que, por lo tanto, no divorcie a los niños de sus padres cuando estos se separen. Una ley, en fin, que nos equipare con lo que ya existe en los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. No es mucho pedir; sólo hace falta un partido político que sea capaz de proponerlo. 

Un proverbio africano dice que para educar al niño hace falta toda una tribu. Pero desde el año 2005 en España para educar a un niño basta una madre sobrecargada de responsabilidades y un padre ausente. Se hace mucho hincapié en la necesidad de cambiar el modelo económico y productivo.  Sin niños "bien educados" por sus familias nunca lo conseguiremos.